Martínez Dalmau no descarta la compra por emergencia de las viviendas de la Pobla de Vallbona para garantizar una alternativa habitacional a las familias

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– El vicepresidente se reúne con el alcalde para estudiar soluciones para las 31 familias afectadas por el desahucio previsto para este miércoles y que ha sido aplazado
– Han acordado crear una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Conselleria de Vivienda, Ayuntamiento, la PAH y vecindario



El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, se ha reunido con el alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, para estudiar soluciones conjuntas para las 31 familias afectadas por el desahucio que estaba previsto para hoy y que ha sido aplazado al próximo 8 de febrero. Allí ha declarado que no descarta la compra por vía de emergencia de estas viviendas para garantizar una alternativa habitacional a estas familias.

En su visita a la Pobla de Vallbona, ha querido conocer de primera mano la situación de estas familias y ha conversado con ellas. “Nos han mostrado su satisfacción y su tranquilidad porque saben que las instituciones están a su lado”, ha asegurado Dalmau.

Asimismo, también ha querido resaltar el trabajo de calle realizado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha denunciado estas agresiones contra el derecho de la vivienda.

Martínez Dalmau también ha mostrado su satisfacción por la suspensión de este desalojo, “la amenaza más importante que hemos tenido en los últimos años de 38 familias que se iban a ir a la calle. Más de 90 personas que, si las instituciones valencianas no hubieran actuado con serenidad, ahora tendrían una situación enormemente compleja”.

El vicepresidente ha declarado que la aplicación de los mecanismos de la ley han hecho que finalmente se suspendiera el desalojo y ahora “es tiempo de buscar soluciones que pasan mayormente porque la gente pueda permanecer en sus casas”.

Entre ellas está la negociación con los fondos de inversión, propietario de las viviendas, a través de alquileres sociales ya que, según ha señalado, “estas familias en ningún momento se han negado a pagar cualquier tipo de alquiler”.

Otra de las soluciones planteadas es la compra directa de las viviendas por parte de las instituciones valencianas para que formen parte del parque público de la Generalitat y acordar un alquiler social con las familias.

Colaboración entre administraciones

Asimismo, el vicepresidente ha agradecido el trabajo realizado y la colaboración del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona. “Cuando las instituciones trabajan conjuntamente a favor de las personas, son las personas las que siempre salen ganando”.

Desde que la PAH puso en conocimiento de la conselleria el desalojo, la Dirección General de Emergencia Habitacional se puso a trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento para encontrar una solución a estas familias.

El objetivo era lograr la suspensión del desalojo previsto para hoy y disponer de unos meses para estudiar las posibles opciones habitacionales y dar una respuesta efectiva, causando el menor perjuicio posible.

Tras días intensos de reuniones y tramitaciones se logró el primer paso, la suspensión del desalojo por parte del Juzgado de Llíria, ya que los informes de vulnerabilidad presentados por los servicios sociales municipales demuestran que estas familias no disponen de otra alternativa habitacional.

Ahora se vuelve a poner en marcha la maquinaria para que en estos dos meses se pueda buscar una solución conjunta entre la Conselleria de Vivienda y el Ayuntamiento.

En la reunión de este miércoles, el vicepresidente ha estado acompañado por el secretario autonómico de Vivienda y Función Social, César Jiménez, y la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris. En ella se ha acordado crear una comisión mixta de seguimiento formada por representantes de la Conselleria, el Consistorio, la PAH y los propios vecinos.

El alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent García, se ha felicitado por el resultado y ha asegurado que se ha ganado tiempo para que las instituciones negocien: “Nuestra intención es conseguir un alquiler social para estas familias y se ha demostrado que cuando las instituciones van a una y hay una clara determinación de reconocer el derecho a la vivienda, las cosas se consiguen”.

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