Los Consejos Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía defienden las competencias autonómicas y las autoridades reguladoras territoriales en la nueva ley del audiovisual

– Los tres presidentes han pedido reformar el texto para adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad audiovisual
– Consideran que la concertación de competencias permitiría optimizar los recursos públicos y ser más eficientes en la protección de la ciudadanía

El presidente del Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV), José María Vidal, junto al presidente del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), Roger Loppacher, y el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Antonio Checa, han valorado conjuntamente el proyecto de Ley general de comunicación audiovisual desarrollado por el Gobierno central.

En comparecencia telemática ante los medios, los presidentes de las autoridades independientes de regulación audiovisual de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía han pedido reformar el texto para «adaptar la distribución competencial al estado autonómico y a la nueva realidad audiovisual» puesto que consideran que el texto aprobado «no está acorde, en lo referente al marco competencial, al nuevo ecosistema audiovisual y no se corresponde con un estado autonómico como es el Estado español».

Según los consejos territoriales el nuevo texto «limita las competencias autonómicas» y, por tanto, las de los consejos audiovisuales territoriales «al no atribuirles ninguna competencia en relación con los servicios de comunicación audiovisual televisivos a petición, ni con las plataformas de intercambio de vídeos» y han calificado este hecho como «especialmente grave» teniendo en cuenta que estos servicios y plataformas constituyen en la actualidad «una de las principales fuentes del consumo audiovisual de la ciudadanía».

Comunicado común

Los reguladores territoriales han realizado un comunicado común donde han señalado que tienen atribuida la misión «por ley» de velar por los derechos de las personas en el ámbito audiovisual, y limitar las competencias de estos reguladores y centralizarlas en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como se propone en el proyecto de ley, «supondría recortar su capacidad de acción y las competencias autonómicas en temas tan relevantes como la protección de los menores de edad, el discurso de odio, la publicidad encubierta, la desinformación o las previsiones relativas a la diversidad cultural en las plataformas».

También consideran necesario que las autoridades de regulación refuercen los mecanismos de supervisión y control de los compromisos de autorregulación, y «velen por que se respeten los códigos de conducta y se adecuen a la normativa vigente».

Los responsables de los tres Consejos Audiovisuales de la Comunitat Valenciana, Cataluña y Andalucía consideran que «la concertación de competencias permitiría optimizar los recursos públicos y ser más eficientes en la protección de la ciudadanía».

A este respecto aseguran que los retos de hoy en el ámbito audiovisual son globales y requieren «más que nunca» una actuación cooperativa de todos los organismos reguladores independientes que hay en el Estado, una colaboración entre ellos y con el resto de reguladores europeos.

Consideran que la experiencia alcanzada en estos últimos años por instituciones pioneras en el Estado como el CAC (creado en el año 2000), el CAA (2005) y, más recientemente, del recién creado CACV, permiten aportar y compartir conocimientos en la protección de las personas usuarias en el ámbito audiovisual tradicional (ondas hertzianas), pero también, y especialmente, en el digital, «donde hoy radica buena parte del consumo audiovisual, especialmente entre la población más joven».

Asimismo, los tres organismos han incidido en que los consejos disponen de una amplia trayectoria en la regulación audiovisual y en los últimos años han incorporado sistemas de control de los contenidos de riesgo en el mundo digital. Por todo ello, han expresado la necesidad de establecer, como un eje básico de relación, «el principio de colaboración entre la autoridad estatal y las autonómicas».

Un principio que, según señalan, está reconocido en el marco jurídico y es habitual entre las autoridades audiovisuales de otros estados descentralizados, como por ejemplo el alemán o el belga.

Colaborar en la regulación

Desde el CAC, el CAA y el CACV, en atención a la optimización de los recursos públicos, reclaman «participar y colaborar, con la CNMC, en la regulación del nuevo entorno digital en los ámbitos en los que ya contamos con experiencia contrastada. Creemos que sería una mala decisión no actuar con todos los activos de los que disponemos».

Su objetivo es «aunar esfuerzos y garantizar así una mejor protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno digital. Una colaboración, además, que es plenamente consecuente en el marco de un estado descentralizado».

En este sentido, los presidentes de los reguladores de Cataluña, Andalucía y la Comunitat Valenciana, cuyos territorios suman una población de más de 21 millones de personas, el 45% de la población del Estado español, organismos reconocidos en los respectivos estatutos de autonomía y con competencias en el ámbito de la comunicación audiovisual han señalado que no comparten «la distribución competencial prevista por el proyecto de Ley general de comunicación audiovisual».

Por ello han instado a que durante el trámite parlamentario se introduzcan los cambios necesarios para «asegurar una actuación concertada entre los reguladores audiovisuales independientes existentes en el Estado» en materia de supervisión y control de los contenidos en las plataformas de intercambio de vídeos o el control y la supervisión de las obligaciones relativas a la protección de los menores de edad o a la promoción de obras europeas en los servicios a petición, entre otros.

«En el mundo digital, más que nunca, deben sumarse esfuerzos, no limitar competencias. Cooperar y concertar actuaciones y competencias debería ser la forma más eficiente de optimizar los recursos públicos y de garantizar la protección de la ciudadanía en el mundo audiovisual digital. Algo en lo que los tres reguladores, el CAC, el CAA y el CACV, estamos plenamente comprometidos» han señalado.

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